Departamento de Justicia logra pago histórico de $2.725 millones para resolver demanda por discriminación en vivienda.

WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció hoy el más alto pago jamás obtenido por éste en un acuerdo para resolver un caso de presunta discriminación de vivienda en el alquiler de apartamentos.

Donald T. Sterling, dueño de apartamentos en Los Ángeles, acordó pagar $2.725 millones para resolver acusaciones de que discriminó contra afroamericanos, hispanos y familias con niños en edificios de apartamentos que controla en Los Ángeles.  El acuerdo tiene que recibir la aprobación del Juez Dale S. Fischer de la corte de distrito federal.

“La vivienda es una necesidad humana básica. Sin embargo, varias décadas después de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), demasiados aún encuentran barreras como la discriminación. Particularmente en tiempos de dificultades económicas y el aumento de ejecuciones hipotecarias, debemos permanecer alerta para asegurarnos de que todas las personas tengan acceso equitativo a viviendas,” afirmó Thomas E. Pérez, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles.  “La magnitud de este acuerdo debe enviar el mensaje a todos los dueños de propiedades de alquiler que procesaremos vigorosamente las violaciones de la Ley de Vivienda Justa.”

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia en agosto del 2006, afirmó que los demandados, Donald T. Sterling, su esposa Rochelle Sterling y el Fideicomiso de la Familia Sterling participaron en actividades de alquiler que discriminaban en base a raza, origen nacional y estatus familiar (tener hijos menores de 18) en diversos edificios de apartamentos de su propiedad y bajo su administración en Los Ángeles.  Entre otras cosas, la demanda afirmó que los demandados discriminaban contra los no coreanos como inquilinos e inquilinos potenciales en los edificios de su propiedad en el barrio de Koreatown en Los Ángeles.

En documentos presentados ante la corte, por ejemplo, la fiscalía de Estados Unidos presentó pruebas de que los empleados de los demandados preparaban informes internos que identificaban la raza de los inquilinos en propiedades que los demandados compraron en Koreatown.  Además, los demandados hicieron declaraciones a empleados en edificios en Koreatown indicando que los afroamericanos e hispanos no eran inquilinos deseables.  La fiscalía también presentó ante la corte análisis de expertos que mostraban que los demandados alquilaban a un número mucho menor de hispanos y afroamericanos en Koreatown de lo que se esperaría en base a ingresos y otras características demográficas.

 Los demandados, que administran sus apartamentos bajo el nombre de Beverly Hills Properties, son dueños y administradores de aproximadamente 119 edificios con más de 5,000 apartamentos en el condado de Los Ángeles.  El acuerdo también resolvería dos demandas relacionadas presentadas por ex inquilinos en una de las propiedades.  Las dos familias, una afroamericana y un matrimonio interracial con hijos biraciales, afirmó que los demandados desmantelaron los patios privados que habían sido parte de su departamento y tomaron otras medidas debido a su raza.

El arreglo, el cual está contenido en una declaración propuesta de mutuo acuerdo que las partes han presentado ante el tribunal para su aprobación, requeriría que los demandados paguen una multa civil de $100,000 al gobierno de Estados Unidos.  Conforme al acuerdo, los demandados también pagarían $2.625 millones a un fondo que se usaría para pagar daños monetarios a personas perjudicadas por las prácticas discriminatorias de los demandados, entre ellas los inquilinos en las dos demandas mencionadas arriba.  Cualquier dinero sobrante se destinaría a informar sobre la equidad de vivienda y velar por su cumplimiento en Los Ángeles.  Las condiciones de la distribución de los $2.625 millones se determinarán en una orden separada de desembolso que la fiscalía presentará ante el juez para su aprobación.

Además del pago de daños y multas civiles, la declaración propuesta de mutuo acuerdo requeriría que los demandados tomen diversas medidas para asegurarse de que las prácticas en sus propiedades de alquiler en el condado de Los Ángeles no sean discriminatorias.  Entre otras cosas, la declaración propuesta de mutuo acuerdo:

*     Prohibiría que los demandados discriminen en base a raza, origen nacional y estatus familiar;

            *     Requeriría que los demandados implementen un programa de auto evaluación durante los próximos tres años para vigilar que sus empleados acaten las leyes de equidad en la vivienda en sus propiedades en el condado de Los Ángeles. Realizaría las pruebas un contratista independiente que informaría sobre los resultados a los demandados y la fiscalía; 

*     Requeriría que los demandados mantuvieran prácticas y procedimientos no discriminatorios, y

*     Requeriría que los demandados utilicen los servicios de un contratista independiente para que capacite sobre equidad en la vivienda a los empleados que participan en alquilar, mostrar o administrar apartamentos en sus propiedades en el condado de Los Ángeles.

        La ley federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en vivienda en base a raza, color, religión, origen nacional, género, discapacidad o estatus familiar.  Las personas que creen que posiblemente hayan sido víctimas de discriminación en vivienda deben llamar a la Línea de Denuncias de Discriminación en Vivienda (1-800-896-7743) o enviar un mensaje electrónico al Departamento de Justicia a [email protected]  Esas personas también pueden llamar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of Housing and Urban Development) al 1-800-669-9777.

        Para la División de Derechos Civiles, velar por el cumplimiento de las leyes de equidad en la vivienda es una prioridad.  Se puede obtener mas información sobre la División de Derechos Civiles y las leyes bajo su potestad en http://www.justice.gov/crt.